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Invitamos a todos los Letrados de la Administración de Justicia, juristas en general y usuarios de la justicia a inscribiros en las jornadas sobre la administración de justicia: organización, tecnología y proximidad que se celebrarán en Cádiz los días 28-30 junio 2017, en el local de la Asociación de la Prensa de Cádiz, organizadas por el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ y el Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación de la Universidad Carlos III de Madrid.

El programa, del máximo interés y actualidad,  se encuentra a vuestra disposición aquí. La inscripción a las jornadas es gratuita.

Para formalizar la inscripción es necesario remitir la ficha de inscripción a la dirección de correo electrónico jornadascadiz@sisej.com. Como siempre, desde el SISEJ ofrecemos una oferta de alojamiento y comidas durante las jornadas especialmente ventajosa para nuestra afiliación. Los documentos están disponibles en la sección documentos de las jornadas Cádiz 2017.

Comunicado del SISEJ sobre la reprobación parlamentaria del Ministro de Justicia, Fiscal General del Estado y Fiscal Jefe anticorrupción.

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Ante la reprobación, en la tarde de ayer, del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Fiscal General del Estado,  José Manuel Maza, y el Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, desde el SISEJ queremos expresar nuestra indignación y preocupación por el descrédito que la actuación de los mismos conlleva para la acción de la Justicia y la falta de responsabilidad política e institucional que se colige de sus actuaciones e intervenciones públicas.

Resulta inasumible que ante la gravedad de los casos de corrupción que continúan sacudiendo la vida pública la respuesta del titular de la cartera de Justicia y de la cúpula de la Fiscalía española (Consejo Fiscal incluido en cuanto la mayoría de sus integrantes amparan su actuación) sea que son ejemplo de transparencia por comparecer ante las Cortes, obviando que no lo han hecho motu propio ni las circunstancias que han motivado que distintos grupos parlamentarios tuvieran que solicitarlo; vergonzosa su irresponsabilidad cuando las sombras en su gestión son tan pronunciadas; y lamentables los intentos de culpabilizar a quienes hacen públicas sus maniobras y de señalar a quienes les exigen rendir cuentas en el legítimo y necesario ejercicio del control democrático de los poderes del Estado.

En la Administración de Justicia, y en particular en el colectivo de Letrados al servicio de la misma, asistimos en los últimos años con perplejidad e indignación a reformas legales que amparan el nombramiento por pura afinidad y sin sometimiento a criterios de mérito y capacidad de cargos como el de Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo; nombramientos de cargos jerárquicos como Secretarios de Gobierno autonómicos y Coordinadores provinciales que no cumplen los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, o bien sin convocar los procedimientos públicos y transparentes imprescindibles para su cobertura, o mantenimiento en su puesto de vocales del Consejo del Secretariado que no reúnen los requisitos para permanecer en dichos cargos.

Difícilmente la lucha contra la corrupción puede desarrollarse en un escenario tan opaco y carente de las garantías mínimas incluso en la cobertura de plazas tan relevantes como las señaladas. Y la Administración de Justicia difícilmente puede ganarse la confianza de la sociedad española, por más que nos esforcemos la mayoría de quienes trabajamos en ella, cuando sistemáticamente se conocen hechos que la ponen en entredicho.

 

Por ello, el SISEJ consideramos democráticamente oportuna la reprobación del Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el Fiscal Jefe Anticorrupción que el Congreso aprobó la tarde de ayer, lamentamos enormemente la situación a la que los mismos están arrastrando a la Administración de Justicia y nos sumamos a quienes públicamente reclaman que reconsideren su decisión de continuar detentando sus cargos.


 

Comunicado del SISEJ ante las declaraciones del fiscal anticorrupción.

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Tras las recientes declaraciones del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, alertando de posibles sanciones a los medios de comunicación en el caso de publicación de informaciones sobre casos sujetos a secreto de sumario, desde el Sindicato de Letrados queremos realizar las siguientes manifestaciones:

 No es la primera ocasión en que altos responsables de Justicia tantean públicamente esta posibilidad. El propio Ministro de Justicia, en abril de 2015, planteó la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación que publiquen informaciones sobre investigaciones judiciales en curso.

La libertad de expresión y la libertad de información deben constituir un valor fundamental en cualquier democracia avanzada. También en la española.

Los medios de comunicación han contribuido en múltiples ocasiones, como ha sido el caso de la “operación Lezo”, a que la ciudadanía conozca actuaciones relacionadas con la corrupción política, y sus informaciones han contribuido a que se inicien actuaciones judiciales, así como a que sean asumidas responsabilidades políticas.

 Las declaraciones del Fiscal Anticorrupción son una amenaza al trabajo de investigación periodística y a la libertad de prensa. En nuestra opinión la labor del Sr. Moix debería centrarse, en defensa del interés público, en perseguir penalmente a los políticos corruptos y a los empresarios corruptores que vienen saqueando las arcas públicas sin contemplaciones, y por lo menos, respetar el derecho de la ciudadanía a ser informados de forma veraz. Por el contrario, este tipo de declaraciones sólo puede perseguir el amedrentamiento de los periodísticas que, con notables dificultades, investigan este tipo de tramas corruptas, y cuya labor debe ser defendida y protegida.

 Las afirmaciones del todavía Fiscal Anticorrupción nos recuerdan a la esperpéntica situación que llevó a Pilar Velasco, periodista de la Cadena SER, a ser imputada en 2012 por el delito de descubrimiento y revelación de secretos tras la publicación de informaciones relativas a un viaje oficial del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy en prisión provisional. Pese a que la causa contra Pilar Velasco fue sobreseída siete meses después, mediante un contundente auto de la Audiencia Provincial de Madrid, ningún periodista debería volver a padecer otra circunstancia semejante.

 Nos sorprende, además, la preocupación del Fiscal Anticorrupción por tales publicaciones, dirigidas a la sociedad, y no por las filtraciones a los propios investigados para alertarles, lo que a día de hoy ya constituiría un delito. Desde el Sindicato de Letrados queremos poner en valor el trabajo de investigación de los medios de comunicación y los periodistas que desde el rigor y el esfuerzo personal trasladan a la sociedad informaciones relevantes para lograr una democracia de mayor calidad.

 Estas declaraciones, junto a las recientes informaciones relativas al Fiscal Anticorrupción, merecerían en opinión del Sindicato de Letrados su inmediata sustitución.

 


 

Comunicado del SISEJ en la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

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Desde el SISEJ queremos sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a la reivindicación de cuantos esfuerzos y luchas sean necesarios para que el derecho fundamental a la igualdad y al respeto de los derechos humanos de todas las mujeres sean reconocidos efectivamente en todo el planeta.

Conforme a los datos de Naciones Unidas apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. De ellas, la mayoría trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social. Si nos circunscribimos al estado español, los datos no son mucho más halagüeños: sin entrar a profundizar en la brecha salarial y el recorte de derechos laborales que ha utilizado la crisis como excusa y que ha generado una grave feminización de la pobreza, sirva como ejemplo que, conforme a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Mujer, de las excedencias por cuidado de hijos o hijas el 93,33 por cien correspondían a las madres, mientras que las mujeres habían solicitado el 84,58 por cien de las relativas al cuidado de otros familiares. Un 72,61 de las personas ocupadas a tiempo parcial en 2016 eran mujeres.

La discriminación laboral tiene también su evidente reflejo en el ámbito institucional: las mujeres, que componen más de la mitad de la población española, ocupan, sin embargo, sólo un tercio de los altos cargos de la Administración. En el ámbito judicial, según datos de 2014, un 58.84 por ciento de los y las jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia eran mujeres. En un entorno mayoritariamente femenino, los ámbitos de poder nos siguen estando negados: sólo un 33 por ciento de fiscales jefe y tenientes fiscales y sólo un 13 por ciento de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres. Más grave es la situación del Tribunal Constitucional, órgano en el que desde 1980 sólo han participado 5 mujeres. Desde este sindicato entendemos que la Justicia, en todas sus instancias y órganos de gobierno, debe ser representativa de la sociedad española, y no podemos sino denunciar, como hemos hecho en otros ámbitos, el déficit democrático de una institución que excluye a la mitad de la población por razón de su género.

 La discriminación laboral e institucional solo son, sin embargo, dos formas más de las múltiples violaciones de derechos que sufren diariamente las mujeres por el mero hecho de serlo. Entre las más graves, sin lugar a dudas, la violencia machista: 2017, a 8 de marzo, es ya el peor año de la década en cuanto al número de mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas, con 16 crímenes y 8 menores huérfanos a consecuencia de los mismos. Ante una situación de emergencia social como ésta, y en un momento en que está sobre la mesa el necesario Pacto de Estado contra la violencia de género, instamos a los poderes públicos a que no sólo se revise cuidadosamente la eficacia de las medidas judiciales (insistiendo especialmente en la necesaria sensibilización y formación específica de todos los operadores jurídicos que intervienen) sino que se aborde de forma realmente integral el fenómeno de la violencia machista en todas sus vertientes (violencia sexual, trata, prostitución, mutilación genital, matrimonios forzados, acoso laboral...) y con especial incidencia en los esquemas sociales patriarcales que la perpetúan.

 En el marco de la gestación de dicho Pacto de Estado contra la violencia de género, llamamos la atención sobre dos cuestiones particulares en el ámbito de la Administración de Justicia: de una parte, sobre la paralización por parte del Ministerio de Justicia y por razones desconocidas de la integración del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género con los sistemas de gestión procesal con los que se trabaja en las oficinas judiciales, actuación prevista por el Real Decreto 95/2009 y que permitiría a juzgados y tribunales gestionar los datos desde un único punto, agilizando y afinando con ello la respuesta para la protección de las víctimas.

 Igualmente nos preocupa la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Dicha medida, que supone la eliminación de determinados Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la asunción de sus competencias por otros de poblaciones más o menos cercanas, debe permitir la especialización y una mejor asistencia a las afectadas, pero para ello precisa unos estudios previos y el diseño de planes de apoyo integral a las víctimas que garanticen que la lejanía física de la sede judicial no suponga su lejanía material respecto del servicio público de la Justicia. Pero si únicamente, y como puede ocurrir, se toman como base los poco fiables datos estadísticos de Justicia y datos económicos en términos de mero ahorro monetario a corto plazo, los resultados pueden ser dramáticos en orden a la prevención y protección de las víctimas.

Diez años después de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lamentablemente la realidad sigue dejando patente la necesidad de poner de manifiesto todas las formas de discriminación contra las mujeres por el hecho de serlo, y de seguir luchando contra ellas cada día.

 


 

Nota de la plataforma conjunta SISEJ-UPSJ

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La Vocal del Consejo del Secretariado Zayda Mª Sierra Sánchez fue nombrada Letrada de Inspección del CGPJ, por acuerdo de 29 de septiembre de 2016, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, publicado en el BOE nº 249 de fecha 14 de octubre de 2016.

Dicha Vocal ha quedado en la situación administrativa de servicios especiales, con efectos y cese en el puesto que ocupaba en el Juzgado de lo contencioso-Administrativo nº 1 de Zamora, desde la publicación de su nombramiento en el BOE, de conformidad con lo dispuesto en el art. 64.1 del ROCSJ.

Desde dicho nombramiento debe producirse el cese como Vocal del Consejo del Secretariado de Zayda María Sierra Sánchez y procederse al nombramiento del correspondiente sustituto, en aplicación del Art. 625.2 LOPJ, y Arts. 22.2), 24.6),  62, 63 d) y 64.1) del ROCSJ.

Y sobre todo en atención a lo dispuesto en el Protocolo de funcionamiento del Consejo del Secretariado: Apartado 2.3.4 el cual establece que los Vocales cesarán en su cargo por pérdida de la situación de servicio activo, esta causa determinará, por sí sola, el cese en la condición de vocal del Consejo del Secretariado.

En base a la anterior normativa el Ministerio de Justicia tenía que haber procedido de oficio al cese de la citada Vocal, no solo por el mandato expreso, claro y conciso de la Ley, sino  porque difícilmente puede representar a los Letrados de la Administración de Justicia quien no ejerce en la actualidad tal cargo, por estar en situación de servicios especiales.

Ante esta dejadez de funciones por parte del Ministerio, que desde octubre pasado ha tenido suficiente tiempo, existe el riesgo de declararse nula la reunión del Consejo del Secretariado convocada para el próximo día 6 de abril de 2017, ya que en caso de asistir Zayda María Sierra Sánchez se produciría una situación de ilegalidad, al participar quien por Ley ha perdido la condición de Vocal y, a su vez, se ha privado de intervenir a la Letrada de la Administración de Justicia que legalmente tenga que sustituir a la Vocal cesada.

Por todo ello la Plataforma Conjunta de Letrados de la Administración de Justicia en cuanto candidatura conjunta a las elecciones del Consejo del Secretariado de 22 de noviembre de 2013, integrada por la UPSJ y SISEJ, dirigiremos un escrito al Ministerio de Justicia en el que formalmente solicitaremos la aplicación inmediata de la normativa antes citada y en consecuencia el cese como vocal de la señora Sierra Sánchez.

 


 

Comunicado sobre la autonomía del Ministerio Fiscal

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Los últimos días han salido a la luz en el ámbito de la justicia noticias que han generado preocupación y rechazo social por dos cuestiones distintas: la apariencia de falta de independencia de jueces y fiscales y la apariencia de que la justicia no es igual para todos. Nos referimos a las sentencias de los casos Noos y Gürtel, la condena de un rapero por canciones contra la casa real, y los ceses y noticias sobre presiones a miembros del Ministerio Fiscal. 

Estamos convencidos de que, al menos con carácter general, Jueces y Magistrados actúan con independencia en el ejercicio de sus cargos. Pero es inadmisible que los nombramientos de los vocales del Consejo, como de los más altos cargos de la judicatura, parezcan responder en demasiadas ocasiones a criterios partidistas (que no políticos), y que tanto el grupo parlamentario mayoritario como el Gobierno no disimulen su interés por situar a personas de su entorno en tales puestos.  

Cuestión distinta de la independencia de Jueces y Magistrados es la de su imparcialidad. El diferente grado de severidad de sentencias dictadas en casos mediáticos, y la relación entre las resoluciones de casos análogos denota que quienes las dictan son independientes, pero pone en cuestión su imparcialidad y aumentan la convicción de que la Justicia no es igualitaria. En particular, y desde el respeto por todas las decisiones judiciales, llaman a la reflexión las dictadas en casos en que se determina la línea que separa un derecho fundamental como es la libertad de expresión, de un delito, y la severidad con la que muchas veces se juzgan manifestaciones de carácter marcadamente político.

En cuanto al Ministerio Fiscal, la convicción de que la dirección de dicho órgano obedece a motivos espurios que nada tienen que ver con la defensa de la legalidad, los intereses de los ciudadanos y el interés público es igualmente preocupante. Dicha convicción no es gratuita, sino provocada por ceses no comprensibles y denuncias públicas de presiones a las que siguen declaraciones ministeriales nada tranquilizadoras.

El Ministerio Fiscal no es independiente al tratarse de un órgano jerarquizado cuya función constitucional es distinta de la de Jueces y Magistrados, pero sí es, o debe ser, autónomo. En el actual estado de cosas, y pese a lo necesaria que es, resulta inquietante pensar en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el actual Ministerio de Justicia que atribuya a las Fiscalías la instrucción de las causas penales. 

Es imprescindible garantizar y potenciar la autonomía del Ministerio Fiscal, así como protegerlo frente a intromisiones injustificadas que distorsionen su función y su lógica, y ello, particularmente en fiscalías tan sensibles como las anticorrupción, cuyos titulares deberían estar especialmente protegidos frente a cualquier ataque. 

Las nefastas consecuencias de esta manera de actuar aumentan la desafección de la sociedad respecto de la Justicia, lo que constituye un serio problema de calidad de nuestra democracia. La Justicia no sólo debe de ser imparcial e independiente, sino que también debe generar confianza y seguridad a la ciudadanía, especialmente en aspectos fundamentales desde un punto de vista democrático como son la libertad de expresión y la persecución de los delitos de corrupción.

 


 

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